Cuba y la democratización de la ONU

Por Cubaonline.

La fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 respondió a la necesidad de crear un organismo capaz de prevenir una nueva conflagración mundial que pusiera en peligro la existencia misma de la raza humana. La experiencia de las dos guerras anteriores impulsó a la comunidad internacional a integrarse y a buscar maneras de alcanzar la concertación.

No obstante, las principales potencias vencedoras trataron de mantener su preponderancia por encima del resto de las naciones. Para ello configuraron la nueva entidad para que respondiera a sus intereses y les permitiera controlar los destinos del mundo.

Este anhelo dio paso a la creación del Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que ha suscitado las más grandes controversias dentro de la organización y uno de los que está llamado a democratizarse. El que cinco países ostenten el veto y que sea el único órgano vinculante de la ONU hacen de este grupo uno de los menos democráticos jamás creados y socava el propósito inicial de la organización.

Tienen estas cinco naciones la capacidad de intervenir en los asuntos de otros Estados apañados por la justificación de defensa de los Derechos Humanos o la ayuda humanitaria. Tienen hoy el poder suficiente como para influir directamente en la solución de conflictos tanto a lo interno del resto de los países como en cuestiones internacionales que no les competen.

Esta es una de las principales cuestiones que han impulsado a diversas naciones, entre ellas Cuba, a solicitar un proceso de democratización de la ONU en los últimos años. Especialistas abordan el tema desde diferentes perspectivas, sin embargo la cuestión del veto no falta en ningún análisis.

Las propuestas para dar solución a esta falta grave a la democracia son diversas. A pesar de ello son pocas las que ofrecen un real cambio en la situación actual.

Algunos países solicitan la ampliación de los miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo los permanentes. En este aspecto exigen la presencia entre estos últimos de un representante más de Europa y Asia, así como uno de América Latina.

Esta propuesta no transformaría la manera de actuar del Consejo de Seguridad. En apariencia lograría un mayor balance de fuerzas, no obstante, habría que preocuparse por la capacidad de autonomía de los nuevos miembros permanentes.

La mayor parte de los europeos convergen con las políticas impulsadas por los EEUU (principal manipulador de las funciones y privilegios del Consejo). Además, la derecha vinculada directamente con el gobierno de ese Estado se ha apoderado de casi todos los gobiernos de América Latina que podrían aspirar a pertenecer a este órgano. No sería un órgano diferente y continuarían las impunidades.

Cuba, por otro lado, exige la inmediata eliminación de lo que la Viceministra del Minrex Anayansi Rodríguez catalogó como: “… el privilegio anacrónico y antidemocrático del veto” (Radio Cadena Agramonte, 2018). Esto, unido al reforzamiento del papel de la Asamblea General debería fortalecer la imagen de igualdad de derechos y de posibilidades dentro del organismo internacional.

Para el gobierno cubano es imprescindible la reforma para lograr la existencia de un verdadero Estado de Derecho. La Asamblea General es el principal órgano deliberativo y el único que acoge a los 193 Estados miembros en igualdad de condiciones. Por ello debe ser este y no el Consejo de Seguridad quien delibere sobre los principales temas que afectan a la comunidad internacional y tome decisiones al respecto.

La representación cubana también ha reiterado la necesidad de democratizar las diferentes entidades económicas, monetarias y financieras a escala global, con el objetivo de ponerlas al servicio del desarrollo de los pueblos y no del permanente enriquecimiento de unos pocos.

La aplicación de esta reforma debe estar también regida por principios básicos como: la igualdad soberana, la solución pacífica de controversias, la abstención a la amenaza o al uso de la fuerza y la no interferencia en los asuntos internos.

La ONU debe ser escenario de las condenas a todo intento de suplantar o reemplazar a las autoridades nacionales, incluidas aquellas acciones que fomentan los conflictos internos en Estados soberanos. Ningún órgano debería asumir funciones que escapan a sus competencias y que corresponden a otros, como hace en la actualidad el Consejo de Seguridad.

Estas propuestas, sin embargo, se enfrentan a una realidad compleja. Para la realización de este objetivo deben contar con el apoyo mayoritario de las naciones pertenecientes a la organización. Esta cuestión es más enrevesada de lo que parece a simple vista.

En primer lugar, los Estados han demostrado, a lo largo de estos años, que los intereses particulares tienden a ser más poderosos que el interés común. En este sentido, es casi seguro que no se contará con el apoyo de aquellas naciones que ostentan el poder.

Los argumentos esgrimidos en contra del proceso de reforma en la ONU van desde que ya existe un equilibrio de poder en el mundo hasta la ineficacia de países considerados del Tercer Mundo, para lograr progresos tanto a lo interno como a lo externo de sus Estados.

Falacias que se inventan los poderosos para continuar subyugando a los más débiles y mantener su dominio del mundo. El sistema actual de Naciones Unidas los beneficia y por ello lo defenderán hasta las últimas instancias. No solo EEUU, también países menos agresivos como China o Rusia defienden la posibilidad de poseer el veto por ejemplo.

Para ellos es una forma de mantener el equilibrio de poder con los EEUU y una posición de fuerza. Quienes siguen sufriendo las consecuencias de estas pugnas son los países más dependientes y atrasados, aunque muchos de ellos se lo deban a gobiernos plegados a intereses foráneos.

La democratización de la ONU es una necesidad imperante para la comunidad internacional. De no llevarse a cabo, aquellos que la solicitan seguirán sufriendo las secuelas del nuevo reparto del mundo al que estamos abocados.

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