«Tenemos muchas opciones respecto a Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesaria», palabras del presidente de Estados Unidos Donald Trump a periodistas en agosto de 2017. Hoy estas declaraciones cobran aun más fuerzas cuando se retoma el tema y se comenta sobre un posible «bloqueo naval».
Los esfuerzos de Estados Unidos por asfixiar al Gobierno bolivariano han ido aumentando exponencialmente en la medida que las acciones no tienen el resultado esperado. Trump firmó una orden ejecutiva que congela todos los activos venezolanos en el país norteño. «Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE.UU. están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera», reza el texto de la medida adoptada. Con esta acción, Venezuela entró en el listado de países supeditados a estas restricciones por Washington uniéndose así a: Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.
En otra orden ejecutiva, anunciaron severas sanciones dirigidas a cualquier empresa o individuo fuera de Venezuela que haga negocios directa o indirectamente con el gobierno de Maduro, poniendo como excusa que «continua la usurpación del poder» del gobierno de Maduro y a los «abusos de los derechos humanos». Pareciera que estas medidas solo cambian el destinatario pero mantienen la intención de someter a los países a responder a sus intereses, a través de la creación de situaciones económicas inestables.
Esta es la primera vez en más de 30 años que EE UU congela los activos a un país occidental, aunque con algunas excepciones: la orden permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa «destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano». En los últimos meses, Washington ha impuesto sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas, incluida la compañía petrolera estatal PDVSA, el Banco de Desarrollo de Venezuela y el Banco Central del país.
Cuando analizamos dichas medidas y las justificaciones que tienen para imponerlas, es sencillo identificar una enorme contradicción, pues si se pretendiera realmente apoyar los derechos humanos de una nación, primero no se intenta entrometerse en los asuntos internos de la misma; y segundo no hace todo lo posible para frenar su desarrollo económico.
Por estos días esta sesionando en Ginebra la comisión sobre los Derechos Humanos, donde los cancilleres cubano y venezolano, Bruno Rodríguez y Jorge Arreaza han denunciado con sólidos argumentos las múltiples violaciones que ha cometido EEUU en esta esfera contra nuestros países.
Al final, no se encuentra solución para estas posiciones unilaterales con efecto internacional y el gobierno estadounidense continúa aplicando sanciones y realizando amenazas como si el globo terráqueo fuera un estado más de su nación.
Cuba Online 